Madrid- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acompañado de María Seguí, directora de la DGT, anunció ayer la nueva campaña de Seguridad Vial que comenzará el 9 de julio: «Tolerancia cero ante el consumo de drogas al volante». Se trata de concienciar a la población sobre cómo la probabilidad de accidente se multiplica hasta por siete tras el consumo de narcóticos, según el proyecto europeo DRUID. «Si en 2011 ningún conductor se hubiera drogado, 480 vidas se habrían salvado», dijo Fernández Díaz.
El responsable de Interior recordó además que lejos de levantar la guardia sobre el alcohol, el nuevo programa atiende a una realidad paralela: España es uno de los mayores consumidores de droga y por ello la viglancia se debe extender a todos los días y todas las horas, en todo el territorio. La combinación de volante y estupefacientes es explosiva y común: un 30% de los accidentes de tráfico son causados por las drogas ilegales, y el 20% de los conductores evaluados las consumió antes de la prueba.
Más allá de la siniestralidad directa, está demostrado que el diagnóstico y tratamiento de estas víctimas en accidentes de tráfico son más complejos, lo que hace la recuperación menos exitosa.
El presupuesto para la campaña es de un millón de euros y el coste de cada prueba indiciaria es de 60 céntimos; una suma ínfima comparada con los 1,2 millones que se ahorran al salvar una vida. La prevención llevada a cabo hasta ahora ha reducido al 5% la proporción de conductores en estado de embriaguez. El desafío atual es pasar del 20 al 0 por ciento el número de automovilistas que sale a la carretera bajo la influencia de narcóticos.
El primer estadio de la evaluación es una prueba de alcoholemia; si ésta tuviera resultado positivo, el mecanismo de actuación sería el mismo que para los casos de embriaguez. La sanción administrativa prevista asciende entonces a 500 euros y la retirada de 6 puntos. En cambio, un resultado positivo en la de drogas junto con la objetiva presencia de sintomatología convierten al conductor en responsable de delito penal. Por eso, los cuerpos de seguridad han sido instruidos para reconocer los comportamientos derivados de los estupefacientes, lo que les hace ser decisores últimos de la dimensión administrativa o penal del delito. El encarcelamiento llegará a 6
meses
El responsable de Interior recordó además que lejos de levantar la guardia sobre el alcohol, el nuevo programa atiende a una realidad paralela: España es uno de los mayores consumidores de droga y por ello la viglancia se debe extender a todos los días y todas las horas, en todo el territorio. La combinación de volante y estupefacientes es explosiva y común: un 30% de los accidentes de tráfico son causados por las drogas ilegales, y el 20% de los conductores evaluados las consumió antes de la prueba.
Más allá de la siniestralidad directa, está demostrado que el diagnóstico y tratamiento de estas víctimas en accidentes de tráfico son más complejos, lo que hace la recuperación menos exitosa.
El presupuesto para la campaña es de un millón de euros y el coste de cada prueba indiciaria es de 60 céntimos; una suma ínfima comparada con los 1,2 millones que se ahorran al salvar una vida. La prevención llevada a cabo hasta ahora ha reducido al 5% la proporción de conductores en estado de embriaguez. El desafío atual es pasar del 20 al 0 por ciento el número de automovilistas que sale a la carretera bajo la influencia de narcóticos.
El primer estadio de la evaluación es una prueba de alcoholemia; si ésta tuviera resultado positivo, el mecanismo de actuación sería el mismo que para los casos de embriaguez. La sanción administrativa prevista asciende entonces a 500 euros y la retirada de 6 puntos. En cambio, un resultado positivo en la de drogas junto con la objetiva presencia de sintomatología convierten al conductor en responsable de delito penal. Por eso, los cuerpos de seguridad han sido instruidos para reconocer los comportamientos derivados de los estupefacientes, lo que les hace ser decisores últimos de la dimensión administrativa o penal del delito. El encarcelamiento llegará a 6
meses
